Desde principios de siglo, la
principal isla del Caribe ha conocido una agitada vida política
marcada
por la impronta de los movimientos
democráticos y sociales. Ya en 1933 un golpe militar dirigido por el
sargento taquígrafo Fulgencio Batista derribó la dictadura de
Gerardo Machado. Convertido en jefe del ejército, a lo largo de
veinte años Batista puso y depuso presidentes dentro de un poder de
orientación social y contrario a la injerencia norteamericana. Tras
su elección en 1940 como presidente de la República, Batista
promulgó una constitución liberal. En 1952 dirigió un último
golpe de Estado, interrumpió el proceso democrático simbolizado en
las elecciones libres previstas para aquel mismo
año y gobernó apoyándose de forma
alternativa en distintos partidos políticos, entre ellos el Partido
Socialista Popular, que era en realidad el Partido Comunista cubano.
Con Batista en el poder, Cuba
experimentó un evidente despegue económico; aunque la riqueza
estaba muy mal repartida sobre todo por el fuerte desequilibrio
existente entre el campo desheredado y las ciudades, dotadas de
importantes infraestructuras y a las que afluía el dinero fácil
dejado por la mafia italoamericana -en 1958 se estimaba en 11.500 el
número de prostitutas en La Habana-. La corrupción y el
mercantilismo caracterizaban la era de Batista y, poco a
poco, la clase media fue distanciándose del régimen Los
estudiantes, bajo el impulso de José Antonio Echeverría, crearon un
Directorio Estudiantil Revolucionario que auspició un grupo armado y
atacó en marzo de 1953 el palacio presidencial. Fue un completo
fracaso. Echeverría resultó muerto y el directorio quedó
decapitado. Pero el 26 de julio de 1953 otro grupo de estudiantes
atacó el cuartel Moncada. Varios de ellos murieron durante el
ataque y uno de sus dirigentes, Fidel Castro, fue detenido y
condenado a quince años de cárcel, aunque no tardó en ser
liberado. Castro abandonó Cuba en dirección a México, donde se
dedicó a formar un movimiento de guerrillas, el Movimiento 26 de
julio, compuesto esencialmente por jóvenes liberales. El
enfrentamiento armado entre Batista y los barbudos duraría
veinticinco meses.
El régimen
practicó una violenta represión que provocó miles de víctimas.
Las redes de la guerrilla urbana fueron las más afectadas, con un 80
porciento de bajas, contra el 20 porciento en las guerrillas rurales
de la Sierra. El 7 de noviembre de 1958 Ernesto Guevara, a la cabeza
de una columna de guerrilleros, emprendió una marcha hacia La
Habana. En enero Batista abandonaba el país, al igual que los
principales dignatarios de su dictadura. Rolando Masferrer, el jefe
de la siniestra policía paralela conocida como «los tigres», y
Esteban Ventura, jefe de la policía secreta, dos torturadores, se
refugiaron en Miami. El líder de la Confederación de Trabajadores
Cubanos (CTC), Eusebio Mujal, que había establecido numerosos
acuerdos con Batista, juzgó prudente refugiarse en la embajada
argentina. La fácil victoria de los guerrilleros eclipsó el papel
que desempeñaron otros movimientos en la caída de Batista.
En realidad, la
guerrilla solo libró algunos combates menores y Batista fue
derrotado principalmente porque perdió el control de La Habana
frente al terrorismo urbano. El embargo de armas americano también
actuó en su contra.
El 8 de enero de 1959,
Castro y los barbudos realizaron una entrada triunfal en la capital.
Desde la toma del poder, las cárceles de la Cabaña en La Habana y
de Santa Clara fueron el escenario de ejecuciones masivas. Según la
prensa extranjera, en un período de cinco meses esta depuración
suma
ria causó 600 víctimas
entre los partidarios de Batista. Se organizaron tribunales de
ejecución exclusivamente con el fin de pronunciar condenas. <<Las
formas de los procesos y los principios sobre los cuales se concebía
el derecho eran altamente significativos: la naturaleza totalitaria
del régimen estaba definida en ellos desde el principio», constata
Jeannine Verdes-Leroux. Se celebraban simulacros de juicio en un
ambiente de fiesta: una muchedumbre de 18.000 personas reunidas en el
Palacio de los Deportes «juzgó» apuntando con los pulgares hacia
el suelo al comandante (pro-Batista) Jesús Sosa Blanco, acusado de
cometer varios asesinatos. El comandante exclamó: «¡Esto es digno
de la Roma antigua!». Fue fusilado.
En 1957, en el
curso de una entrevista concedida al periodista Herbert Matthews, del
New York Times, Fidel Castro declaró: «El poder no me interesa.
Después de la victoria quiero regresar a mi pueblo y continuar con
mi carrera como abogado». Era esta una declaración de intenciones
ciertamente hipócrita, que quedó desmentida de inmediato por la
política que siguió. Desde la toma del poder, el joven Gobierno
revolucionario se vio minado por sordas luchas intestinas. El 15 de
febrero de 1959, el primer ministro, Miró Cardona, dimitió. Castro,
convertido ya en comandante en jefe del ejército, le sustituyó. En
junio decidió anular el proyecto de organizar elecciones libres, que
se había prometido convocar en un plazo de dieciocho meses.
Dirigiéndose a los habitantes de La Habana, justificó su decisión
con esta pregunta: «¡Elecciones! ¿Para qué?». Renegaba con estas
palabras de uno de los puntos fundamentales incluido en el programa
de los revolucionarios contrarios a Batista. Y de este modo Castro
perpetuaba una situación instaurada por el dictador caído. Por
añadidura, suspendió la constitución de 1940 que garantizaba los
derechos fundamentales, para gobernar únicamente mediante decreto
-antes de imponer en 1976 una constitución inspirada en la de la
URSS-. Asimismo se promulgaron dos leyes, la ley numero 54 y la ley
numero 53 (texto relativo a la ley sobre asociaciones) que limitaban
el derecho de los ciudadanos a asociarse libremente.
Fidel Castro, que
por entonces mantenía estrechas relaciones de colaboración con sus
allegados, empezó a apartar del gobierno a los demócratas y para
conseguirlo se apoyó en su hermano Raúl (miembro del Partido
Socialista Popular, es decir, el Partido Comunista) y en Guevara,
sovietófilo convencido. En junio de 1959 cristalizaba la oposición
entre liberales y radicales a propósito de la reforma agraria
iniciada el 17 de mayo. El proyecto inicial apuntaba a la creación
de una burguesía media propietaria mediante el reparto de tierras.
Castro optó por una política de signo más radical, bajo la égida
del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), confiado a
marxistas ortodoxos y del cual fue su primer presidente. De un
plumazo anuló el plan propuesto por el ministro de Agricultura,
Humberto Sori Marín. En junio de 1959, y para acelerar la reforma
agraria, Castro ordenó al ejército que tomara el control de cien
fincas en la provincia de Camagüey. La crisis, que estaba latente,
se reavivó en julio de 1959 cuando el presidente de la República,
Manuel Urrutia -antiguo juez de instrucción que en 1956 había
defendido valientemente a algunos barbudos-presentó su dimisión. El
ministro de Asuntos Exteriores, Roberto Agramonte, no tardó en ser
sustituido por Raúl Roa, castrista de la primera hora. El ministro
de Asuntos Sociales, que desaprobaba el veredicto pronunciado contra
unos aviadores acusados de crímenes contra civiles, también dimitió
.En 1960 el proceso se
amplió: en marzo, Rupo
López Fresquet, ministro de Economía desde enero de 1959, rompió
con Castro, se pasó a la oposición y más tarde marchó al exilio.
Otro miembro del Gobierno, Andrés Suárez, también abandonaría
definitivamente el país ese año. Con la desaparición de las
últimas publicaciones independientes, el amordazamiento practicado
de forma metódica alcanzaba
sus objetivos. El 20 de
enero de 1960, Jorge Zayas, director del diario antibatistiano
Avance, marchó al exilio. En julio, Miguel Ángel Quevedo, redactor
jefe de Bohemia, abandonó Cuba -Bohemia había reproducido las
declaraciones de Castro durante el proceso del Moncada-. Unicamente
continuaba
saliendo a la calle la
publicación comunista Hoy. En otoño de 1960 fueron detenidas las
últimas figuras de la oposición, tanto política como militar,
entre las que se contaban William Morgan y Humberto Sori Marín.
Morgan, que fuera comandante en la Sierra, sería fusilado a
principios de 1961. Los últimos demócratas no tardaron en retirarse
del Gobierno, como Manolo Ray , ministro de Obras Públicas, o
Enrique Oltusky, ministro de Comunicaciones. Por entonces se produjo
la primera oleada de abandonos: cerca de 50.000 personas,
pertenecientes a la clase media y que habían apoyado la revolución,
se exiliaron. La falta de médicos, maestros o tecnicos debilitaría
durante mucho tiempo a la sociedad cubana.
A las clases medias
les siguieron los obreros como víctimas de la represión. Desde el
principio, los sindicatos se mostraron reticentes a la forma que
estaba adoptando el nuevo régimen. Uno de sus principales líderes
era el responsable de los sindicatos del azúcar, David Salvador. Era
un hombre de izquierdas que rompió con el PSP cuando este se negó a
combatir la dictadura de Batista; había organizado las grandes
huelgas de las centrales azucareras en 1955; sufrió arresto y
tortura y dio su apoyo a la huelga de 1958 promovida por los
castristas del Movimiento 26 de julio. En 1959, tras ser
democráticamente elegido secretario general de la Confederación de
Trabajadores Cubanos, vio cómo se le imponía la colaboración de
dos comunistas de la primera hornada que no habían sufrido la prueba
democrática de su elección. Salvador trató de atajar la
infiltración y el control de su central por parte de los comunistas
pero desde la primavera de 1960 empezó a verse marginado y en junio
optó por la clandestinidad. Fue detenido en 1962 y purgó en la
cárcel una condena de doce años. Otra gran figura de la resistencia
a Batista apartada del poder. Finalmente, en 1962 Castro obtendría
del sindicato único, la CTC, que solicitara la supresión del
derecho de huelga: «El sindicato no es un órgano
reivindicativo», precisó
un miembro del aparato del partido.
Después de su
detención en 1953, Castro consiguió salvar la cabeza gracias a la
intervención del arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Pérez
Serantes. El clero había acogido con alivio la marcha de Batista e
incluso algunos sacerdotes siguieron a los guerrilleros en la Sierra.
Pero la Iglesia se alzó contra los juicios expeditivos de los
seguidores de Batista, del mismo modo que había condenado los
crímenes de los «Tigres» de Masferrer. En 1959 empezó a denunciar
la infiltración comunista. Castro utilizó como pretexto el asunto
de bahía Cochinos para prohibir por orden gubernamental la revista
La Quincena. En mayo de 1961 se cerraron todos los colegios
religiosos y sus edificios fueron confiscados, incluido el colegio
jesuita de Belén, donde Castro había cursado estudios. Embutido en
su uniforme, el líder máximo declaró: «Los curas falangistas ya
pueden empezar a hacer las maletas». Una advertencia en modo alguno
gratuita, ya que el 17 de septiembre de 1961 131 sacerdotes
diocesanos y religiosos fueron expulsados de Cuba. Para sobrevivir,
la Iglesia tuvo que replegarse sobre sí misma. El régimen se dedicó
a la marginación de las instituciones religiosas. Unos de los
procedimientos consistía en permitir que los cubanos
manifestaran su fe, con el riesgo subsiguiente de sufrir medidas de
represalia como la prohibición de acceder a la universidad y a
puestos en la administración. La represión también afectó de
lleno al mundo artístico. En 1961, el papel que según Fidel Castro
desempeñaban los artistas en el seno de la sociedad quedaba resumido
en el lema: «Dentro de la revolución todo, fuera de ella nada.» El
destino de Ernesto Padilla ilustra perfectamente la situación de la
cultura. Padilla, un escritor revolucionario, pudo salir de Cuba en
1970 después de ser obligado a realizar su «autocrítica».
Después de diez años de vagabundeo, Reinaldo Arenas aprovechó el
éxodo de Mariel para abandonar, también él, definitivamente Cuba.
Al ejército de
antiguos rebeldes también se les hizo entrar en vereda. En julio de
1959 dimitió y marchó a Estados Unidos un allegado de Castro, el
comandante de aviación Díaz Lanz. Un mes después se organizaba la
primera oleada de detenciones con el pretexto de desbaratar una
tentativa de golpe de Estado.
Desde 1956, Hubert
Matos había colaborado con los barbudos en la Sierra, buscando
apoyos en Costa Rica, suministrándoles armas y municiones con un
avión privado y liberando Santiago de Cuba, la segunda ciudad del
país, marchando a la cabeza de la columna número 9 «Antonio
Guiteras».
Fue nombrado gobernador
general de Camagüey, pero su profundo desacuerdo con la
«comunistización» del régimen le llevó a abandonar sus
funciones. Castro lo consideró una conspiración y encargó a un
héroe de la guerrilla, Camilo Cienfuegos, la detención de Huber
Matos por su «anticomunismo». Sin ninguna consideración hacia el
que fuera ejemplar combatiente, Castro le impuso un «Proceso de
Moscú en La Habana» en el que intervino personalmente. No mostró
ninguna moderación al presionar al tribunal: «Os digo que escojáis:
¡O Matos o yo!», y prohibió que declararan los testigos favorables
al acusado.
Hubert Matos fue
condenado a veinte años de cárcel, condena que cumplió hasta el
último día. Todos sus familiares fueron encarcelados. Numerosos
opositores a Castro, que se veían privados de cualquier posibilidad
de expresión, entraron en la clandestinidad, a la que se sumaron
veteranos instigadores de la guerrilla urbana contra Batista. A
principios de la década de los sesenta, esta oposición clandestina
se transformó en un movimiento de revuelta, dirigida por auténticos
barbudos, implantado en las montañas de Escambray, que rechazaba la
colectivización forzosa de las tierras y la dictadura. Raúl Castro
envió todos sus recursos militares, blindados y artillería, así
como cientos de milicianos, para poner fin a la rebelión.
Las familias de los
campesinos rebeldes fueron desplazadas con objeto de minar la base
popular de la revuelta. Centenares de familias se vieron
transplantadas a cientos de kilómetros de Escambray, a la región de
las plantaciones tabaqueras de Pinar del Río, en el extremo oeste de
la isla. Esta fue la única ocasión en que el poder castrista
recurrió a deportar a la población. No obstante, los combates se
prolongaron durante cinco años. Los guerrilleros, cada vez más
aislados, fueron desapareciendo uno tras otro. La justicia fue
sumaria para los rebeldes y sus jefes. Guevara encontró la ocasión
de liquidar a uno de los antiguos jefes de la guerrilla contraria a
Batista, Jesús Carreras, que desde 1958 se había mostrado contrario
a su política. Carreras, que resultó herido en una escaramuza, fue
llevado al paredón sin que Guevara quisiera concederle el perdón.
En Santa Clara fueron capturados y luego juzgados 381 «bandidos».
En los años que siguieron al triunfo de 1959 y durante la
liquidación de la resistencia de Escambray, en la cárcel de La Loma
de los Coches fueron fusilados más de 1.000
«contrarrevolucionarios».
Después de dimitir
del cargo de ministro de Agricultura, Humberto Sori Marín, intentó
crear en Cuba un foco de lucha armada. Detenido y juzgado por un
tribunal militar, Sori Marín fue condenado a la pena capital. Su
madre imploró a Castro el perdón, recordándole que ambos se
conocían desde los
años cincuenta. Fidel
Castro prometió el indulto. Unos días después Sori Marín era
fusilado. Con cierta periodicidad, después de los guerrilleros de
Escambray, se repitieron las tentativas de implantar comandos armados
en suelo cubano. La mayoría pertenecían a los comandos Liberación
de Tony Cuesta y a los grupos Alpha 66, creados en los primeros años
sesenta. La mayoría de estos desembarcos, inspirados en el del
propio Castro, fracasaron.
En 1960 los jueces
perdieron su inamovilidad y pasaron a depender de la autoridad del
poder central, lo que suponía la negación de la separación de
poderes, una característica de la dictadura. Tampoco la universidad
pudo escapar a este proceso de coacción general. Pedro Luis Boitel,
un joven estudiante de ingeniería, antiguo opositor a Batista y
encarnizado adversario de Fidel Castro, se presentó a la presidencia
de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Sin embargo, con
el apoyo de los hermanos Castro, sería Rolando Cubella, el candidato
del régimen, el elegido. Boitel sería detenido poco después y
condenado a diez años de prisión. Fue encarcelado en una cárcel
especialmente dura: Boniato. En varias ocasiones Boitel hizo huelga
de hambre en protesta por el trato inhumano que se daba allí. El 3
de abril, fecha del inicio de una huelga para obtener condiciones más
decentes de encarcelamiento, manifestó a uno de los responsables de
la cárcel: «Hago esta huelga para que se me apliquen los derechos
reservados a los presos políticos. ¡Unos derechos que ustedes
exigen para los detenidos de las dictaduras de países
latinoamericanos y que les niegan a los de su país!».
Pero en vano. Boitel
agonizó sin que se le prestara asistencia médica. A los cuarenta y
cinco días su estado era crítico. A los cuarenta y nueve, caía en
un estado semicomatoso. Las autoridades seguían sin intervenir. El
23 de mayo, a las tres de la madrugada, después de cincuenta y tres
días de huelga de ham
bre, Boitel murió. Las
autoridades no permitieron que su madre viera su cuerpo.
Castro no tardó en
apoyarse en un servicio de información eficaz. La «seguridad» le
fue confiada a Ramiro Valdés, mientras que Raúl Castro tenía el
mando supremo del ministerio de Defensa. Raúl reactivó los
tribunales militares y pronto el paredón se convirtió en un
instrumento judicial más.
El Departamento de
Seguridad del Estado (DSE), al que los cubanos llamaban la «Gestapo
roja», era también conocido con el nombre de Dirección General de
Contra-Inteligencia. Este departamento realizaría sus primeras
acciones en 1959-1962 cuando recibió el encargo de infiltrarse en
los distintos
grupos de oposición a
Castro y destruirlos. El DSE dirigió la sangrienta liquidación de
la guerrilla de Escambray y se ocupó de la implantación de trabajos
forzados. Por supuesto, el DSE es el que detenta el control del
sistema carcelario.
Inspirándose en el
sistema soviético, el DSE estuvo dirigido desde el principio por
Ramiro Valdés, un hombre próximo a Castro desde los tiempos de
Sierra Madre. Con los años, el DSE representaría un papel cada vez
más destacado, obteniendo asimismo cierta autonomía. Teóricamente,
depende del «Mi
nint», el ministerio del
Interior. Comprende varias ramas que serían descritas con todo
detalle por el general de aviación Del Pino después de refugiarse
en Miami en 1987. Algunas secciones se encargan de vigilar a los
funcionarios de las administraciones. La tercera sección controla a
los que trabajan en el sector de la cultura, los deportes y la
creación artística (escritores, cineastas). La cuarta sección se
ocupa de los organismos vinculados a la economía, el ministerio de
Transportes y de Comunicaciones. La sexta sección, que emplea a más
de 1.000 agentes, tiene a su cargo las escuchas telefónicas. La
sección octava vigila la correspondencia, es decir, viola el secreto
del correo postal. Otras secciones
controlan al cuerpo
diplomático y a los visitantes extranjeros. La DSE sirve a la
supervivencia del sistema castrista al utilizar con fines económicos
a los miles de detenidos destinados a trabajos forzados. Este
organismo constituye un mundo de privilegiados que disfrutan de
poderes ilimitados.
La Dirección Especial del
Ministerio del Interior o DEM recluta a miles de chivatos para
controlar a la población. La DEM trabaja apoyándose en tres ejes:
el primero, llamado «información», consiste en elaborar un informe
sobre cada cubano; el segundo, «estado de opinión», sondea la
opinión de los
habitantes, y el tercero,
llamado «línea ideológica», tiene la misión de vigilar a las
iglesias y congregaciones mediante la infiltración de agentes.
Desde 1967, el
Minint dispone de sus propias secciones de intervención, las Fuerzas
Especiales, que en 1995 contaban con 50.000 hombres. Son tropas de
choque que colaboran estrechamente con la Dirección y la Dirección
de Seguridad Personal, guardia pretoriana de Castro, compuesta por
tres unidades de escolta
con más de 100 hombres cada una. Hombres rana y un destacamento
naval sirven de refuerzo a la DSP, encargada de proteger la
integridad física de Fidel Castro. En 1995 se estimaba que varios
miles de hombres integraban estas tropas. Además, varios expertos
estudian los posibles escenarios de atentados contra Fidel. Unos
degustadores prueban su comida y tiene a su disposición las
veinticuatro horas del día un cuerpo médico especial. La Dirección
5 se ha «especializado» en eliminar a los opositores. Dos
auténticos opositores a Batista, convertidos luego en
anticastristas, fueron víctimas de esta sección: Elías de la
Torriente fue abatido en Miami, mientras
Aldo Vera, uno de los
jefes de la guerrilla urbana contra Batista, era asesinado en Puerto
Rico. Hubert Matos, exiliado en Miami, se ve obligado a recurrir a la
protección de varios vigilantes armados. Las detenciones e
interrogatorios practicados por la Dirección 5 tienen lugar en el
Centro de Detención de Villa Marista, en La Habana, un antiguo
edificio de la congregación de los hermanos maristas. A los
detenidos se les inflinge tortura, más psíquica que física, en un
universo cerrado, a resguardo de las miradas y en un extremo
aislamiento. Otra unidad de la policía política es la llamada
Dirección General de la Inteligencia, más parecida a un servicio
clásico de información. Sus ámbitos de acción preferentes son el
espionaje, el contraespionaje, la infiltración en las
administraciones de países no comunistas y en las organizaciones de
exiliados cubanos.
Es posible
establecer un balance de la represión desencadenada en los años
sesenta: entre 7.000 y 10.000 personas fueron pasadas por las armas y
se estima en 30.000 el número de presos políticos. En consecuencia,
el Gobierno revolucionario muy pronto se vio obligado a ocuparse de
un número considerable de presos políticos, principalmente los
presos de Escambray y los de Playa Girón -Bahía Cochinos-o
La Unidad Militar de
Ayuda a la Producción (UMAP), que funcionó entre 1964 y 1967,
significó el primer intento de desarrollo de trabajo penitenciario.
Los campos de la UMAP, operativos desde noviembre de 1965, eran
auténticos campos de concentración en los que se mezclaron
indiscriminada
mente religiosos
(católicos, y entre ellos el actual arzobispo de La Habana, monseñor
Jaime Ortega; protestantes y testigos de Jehová), proxenetas,
homosexuales y cualquier individuo considerado «potencialmente
peligroso para la sociedad». Los presos tuvieron que construirse
ellos mismos sus barracas, especialmente en la región de Camagüey.
A las «personas socialmente desviadas» se las sometía a una
disciplina militar que se transformó en un régimen de malos tratos,
sub alimentación y aislamiento. Para escapar de este infiemo,
algunos detenidos se automutilaron. Otros salieron destrozados
psíquicamente de su encarcelamiento.
Una de las funciones
de la UMAP era la «reeducación» de los homosexuales. Ya antes de
la creación de este organismo, muchos perdieron su trabajo, sobre
todo los que formaban parte del mundo cultural. La Universidad de La
Habana fue objeto de purgas contra homosexuales y era habitual
«juzgar» a los homosexuales en público en su centro de trabajo. Se
les obligaba a reconocer sus <<vicios», y a renunciar a ellos
so pena de ser despedidos antes de ser encarcelados. Las protestas
internacionales provocaron el cierre de los campos de la UMAP tras
dos años de funcionamiento.
En 1964 se puso en
marcha un programa de trabajos forzados en la isla de los Pinos: el
plan «Camilo Cienfuegos». Se organizó la población penal en
brigadas, divididas en grupos de 40 personas, las cuadrillas, al
mando de un sargento o un teniente, y se la destinó a los trabajos
agrícolas o a la extracción, de mármol principalmente, en las
canteras. Las condiciones de trabajo eran muy duras y los presos
trabajaban prácticamente desnudos, cubiertos tan solo con un simple
calzón. A guisa de castigo, a los más rebeldes se les obligaba a
cortar la hierba con los dientes, y a otros se les sumergía en
letrinas durante varias horas.
La violencia del
régimen penitenciario alcanzó por igual a presos políticos y
comunes. Empezaba con los interrogatorios dirigidos por el
Departamento Técnico de Investigaciones, las secciones encargadas de
las investigaciones. El DTI utilizaba el aislamiento y explotaba las
fobias de los detenidos. Así, a una mujer con fobia a los insectos
la encerraron en una celda infestada de cucarachas. El DTI recurría
a presiones físicas violentas: se obligaba a los presos a subir
escaleras provistos de zapatos lastrados con plomo, luego se les
precipitaba escalones abajo. A la tortura física se añadía la
psíquica, a menudo con seguimiento médico. Los guardias utilizaban
el pentotal y otras drogas para mantener despiertos a los detenidos.
En el hospital de
Mazzora se practicaba el electroshock con fines represivos sin
ninguna restricción. Los vigilantes utilizaban perros guardianes y
realizaban simulacros de ejecución. Las celdas de castigo carecían
de agua y electricidad. Cuando se quería despersonalizar a un
detenido, se le mantenía en un local de aislamiento. En Cuba, la
responsabilidad se consideraba colectiva; el castigo también.
Es esta otra medida
represiva: los familiares del detenido pagan socialmente el
compromiso de su pariente. Sus hijos no pueden acceder a la
universidad y los cónyuges pierden su trabajo.
Conviene distinguir entre
las cárceles «normales» y las cárceles de seguridad, dependientes
del G2 (policía política). La cárcel Kilo 5,5, situada a esa misma
distancia de la autopista de Pinar del Río, es una cárcel de alta
seguridad que existe todavía hoy. Su director era el capitán
González, apodado El Ñato, quien mezcló deliberadamente a presos
comunes y políticos.
En las celdas
previstas para dos presos se hacinaban siete u ocho y los detenidos
dormían en el suelo. A las celdas disciplinarias las bautizaron
comotostadoras debido al insoportable calor que reinaba en ellas
tanto en invierno como en verano. Kilo 5,5, es un centro cerrado
donde los detenidos fabrican productos artesanales. Cuenta con una
sección destinada a las mujeres. En Pinar del Río se acondicionaron
celdas subterráneas y salas de interrogatorios. Desde hace algunos
años se practica una tortura más psíquica que física, sobre todo
la consistente en la privación del sueño, bien conocida desde los
años treinta en la URSS. A la ruptura del ritmo del sueño y a la
pérdida de la noción del tiempo se añaden las amenazas contra los
familiares y el chantaje relativo a la frecuencia de las visitas. La
cárcel Kilo 7 de Camagüey es de las más violentas. En 1974, una
riña causó la muerte de 40 presos.
El centro GIl de Santiago
de Cuba, construido en 1980, tiene el dudoso privilegio de poseer
celdas a temperaturas muy altas y muy bajas. A los presos se les
despierta cada veinte o treinta minutos, un tratamiento que puede
prolongarse durante meses. Desnudos y aislados del mundo exterior,
muchos de
los presos a los que se
infligen estas torturas psíquicas presentan al cabo de cierto tiempo
trastornos irreversibles.
La cárcel más
tristemente célebre fue durante mucho tiempo La Cabaña, donde
fueron ejecutados Sori Marín y Carreras. Todavía en 1982 fueron
fusilados cerca de 100 presos. La «especialidad» de la Cabaña eran
los calabozos de dimensiones reducidas llamados ratoneras. La cárcel
fue desafectada en
1985, pero las ejecuciones
continúan en Boniato, una cárcel de alta seguridad donde impera una
violencia sin límites y donde se mata de hambre a decenas de presos
políticos. Para no ser violados por los presos comunes, algunos
políticos se embadurnan con excrementos. Boniato sigue siendo
todavía hoy la cárcel de los condenados a muerte, ya sean políticos
o comunes. Es célebre por sus celdas tapiadas. En ella hallaron la
muerte decenas de presos sin recibir asistencia médica. Los poetas
Jorge Valls, que cumplió 7.340 días de cárcel, y Ernesto Díaz
Rodríguez, así como el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo,
ofrecieron su testimonio sobre las condiciones especialmente duras
que imperan en ella. En agosto de 1995 estalló una huelga de hambre
conjunta de presos políticos y comunes para denunciar sus
deplorables condiciones de vida: comida infecta y enfermedades
infecciosas (tifus, leptospirosis). La huelga duró cerca de un mes.
Algunas cárceles han vuelto a usar las jaulas de hierro. A finales
de los años sesenta, en la prisión de Tres Macios del Oriente, las
gavetas, destinadas
en un principio a los
presos comunes, fueron ocupadas por presos políticos. Se trataba de
una celda de un metro de ancho por uno ochenta de alto y unos diez
metros de largo. En este universo cerrado, sin agua ni higiene, los
presos, comunes y políticos se veían recluidos en una promiscuidad
difícil de soportar durante semanas y, en algunos casos, meses.
En los años
sesenta se inventaron las requisas con fines represivos. Se
despertaba a los detenidos en plena noche y se los desalojaba
violentamente de sus celdas. Embrutecidos por los golpes, y a menudo
desnudos, eran obli-gados a reunirse para esperar a que terminara la
inspección antes de poder volver a sus celdas. Las requisas podían
repetirse varias veces al mes. Las visitas de los familiares ofrecían
a los guardianes la ocasión de humillar a los detenidos. En La
Cabaña tenían que presentarse desnudos ante sus familiares. Los
maridos encarcelados debían presenciar el registro de las partes
íntimas de sus esposas.
La situación de
las mujeres en el universo carcelario cubano es particularmente
dramática porque se ven entregadas, sin defensa, al sadismo de los
guardias. Desde 1959, más de 1.100 mujeres han sido condenadas por
causas políticas. En 1963 iban a la cárcel de Guanajay. Los
testimonios reunidos han
dejado constancia de que
se recurría a las palizas y a humillaciones diversas. Un ejemplo:
antes de pasar a la ducha, las detenidas debían desnudarse en
presencia de sus guardianes, que las golpeaban. En el campo de
Potosí, en la zona de las Victorias de las Tunas, había en
19863.000 presas -delincuentes,
prostitutas y políticas-o
La cárcel de Nuevo Amanecer sigue siendo la más importante de La
Habana. La doctora Martha Frayde, amiga de Castro durante mucho
tiempo, y representante de Cuba en la Unesco en los años setenta, ha
descrito este centro penitenciario y las condiciones particularmente
duras que imperan en él: «Mi celda medía seis metros por cinco.
Éramos 22 y dormíamos en literas de dos o tres pisos. ( ... ) En
nuestra celda llegamos a juntarnos 42 mujeres. ( ... ) Las
condiciones higiénicas llegaban a ser del todo insoportables. Las
pilas donde nos lavábamos estaban llenas de inmundicias. Resultaba
totalmente imposible asearse. ( ... ) El agua empezó a escasear y la
evacuación de los
retretes se hizo imposible. Se llenaron y luego se desbordaron. Acabó
formándose una capa de excrementos que invadía nuestras celdas.
Luego, como un
chorro imparable, llegó hasta el pasillo, luego a la escalera para
bajar hasta el jardín. (... ) Las presas políticas ( ... ) armaron
tal alboroto que la dirección de la cárcel se decidió a enviar un
camión-cisterna. ( ... ) Con el agua estancada del camión barrimos
los excrementos, pero el agua de la cisterna no era suficiente y hubo
que seguir viviendo sobre aquella capa nauseabunda que no retiraron
hasta unos días más tarde» (Martha Frayde, Écoute FIdel, Denoel,
París, 1987.)
Uno de los mayores
campos de concentración está situado en la región de Camagüey: El
Mambi, que en los años ochenta encerraba a más de 3.000
prisioneros. El de Siboney, donde las condiciones de vida son tan
execrables como la comida, tiene el temible privilegio de contar con
una perrera. Los pastores alemanes sirven para buscar a los presos
evadidos. En Cuba existen campos de trabajo de «régimen severo».
Los condenados que no se han incorporado a sus lugares de detención
son juzgados por
un tribunal popular
interno del campo y se los traslada entonces a un campo de régimen
severo donde los consejos de trabajo de los presos desempeñan un
papel idéntico al de los kapos de los campos nazis: los «consejeros»
juzgan y castigan a sus propios compañeros de prisión.
Con frecuencia los
presos ven agravadas sus penas por iniciativa de los mandos de la
cárcel. Al que se rebela se le añade otra pena de prisión a su
condena inicial. La segunda pena sanciona la negativa a llevar el
uniforme de los presos comunes o a participar en los «planes de
rehabilitación» o una
huelga de hambre. En tal
caso, los tribunales, considerando que el detenido deseaba atentar a
la seguridad del Estado, piden una pena de «seguridad posdelictiva».
Se trata, en la práctica, de uno o dos años más de detención en
un campo de trabajo. No es raro que algunos detenidos cumplan una
pena añadida de un tercio o de la mitad de la pena inicial. Boitel,
condenado a diez años de cárcel, acumuló por este sistema cuarenta
y dos años de encarcelamiento.
El campo Arco Iris,
situado cerca de Santiago de Las Vegas, fue concebido para acoger a
1.500 adolescentes. No es el único: existe también el de Nueva
Vida, al sureste de la isla. En la zona de Palos se encuentra el
Capitolio, un campo de internamiento especial reservado para niños
de alrededor de
diez años. Los
adolescentes cortan la caña de azúcar o realizan trabajos
artesanales, lo mismo que los niños enviados en stage a Cuba por el
MPLA de Angola o por el régimen etíope en los años ochenta. Otros
internos de estos campos y cárceles, los homosexuales, han conocido
todo tipo de régimen pe
nitenciario: a los
trabajos forzados y a la UMAP siguen el encarcelamiento «clásico»
en la cárcel. Algunas veces disponen de un bloque especial en el
recinto de la prisión, como ocurre en Nueva Cárcel, en La Habana
del Este. El detenido se ve despojado de todos sus derechos y
sometido e integra
do en un «plan de
rehabilitación» que supuestamente le prepara para su reinserción
en la sociedad socialista. Este plan comprende tres fases: a la
primera se la llama «período de máxima seguridad» y se desarrolla
en la cárcel; la segunda, de «media seguridad», tiene lugar en una
granja; la tercera, llamada de «seguridad mínima», se efectúa en
un «frente abierto».
Los detenidos en
«curso de plan» llevaban el uniforme azul, igual que los comunes.
De hecho, el régimen ha intentado con este procedimiento confundir a
presos políticos y comunes. A los políticos que rechazaban el plan
se les imponía el uniforme amarillo del ejército de Batista, una
vejación insoportable para los numerosos presos por delitos de
opinión procedentes de las filas de la lucha contra Batista. Estos
detenidos «indisciplinados», contrarios al plan (plantado),
rechazaban enérgicamente ambos uniformes. En ocasiones, las
autoridades los dejaban años enteros vestidos con un simple calzón
-de ahí el apodo de calzoncillos que se les daba-y no recibían
ninguna visita.
Hubert Matos, que fue
uno de los plantados, declaró: «Viví varios meses sin uniforme y
sin recibir visitas. Estuve incomunicado sencillamente porque me
negué a someterme a la arbitrariedad de las autoridades. (.oo)
Preferí resistir desnudo, en medio de otros presos también
desnudos, en una promiscuidad difícilmente soportable». El paso de
una fase a otra depende de la decisión de un «oficial reeducador».
En general, quiere imponer la resignación a través del agotamiento
físico y moral del detenido en fase de reeducación. Carlos Franqui,
antiguo fun-cionario del régimen, analizaba así el espíritu de
este sistema: «El opositor es un enfermo y el policía su médico.
El preso quedará libre cuando inspire confianza al policía. Si no
acepta la "cura", el tiempo no cuenta». Las penas más
pesadas se purgan en la cárcel. La Cabaña, que dejó de funcionar
en 1974, contaba con un bloque especial reservado a los presos
civiles (la zona 2) y otro para los militares (la zona 1). La zona 2
se llenó rápidamente con más de 1.000 hombres, repartidos en
galerías de treinta metros de largo por seis de ancho. Existían
además cárceles dependientes del GIl, la policía política. Los
condenados a penas leves, entre tres y siete años, eran destinados a
frentes o granjas. La granja, una innovación castrista, está
formada por barracas confiadas a guardias del ministerio del Interior
con permiso para disparar
contra cualquier persona a
la que vean que intenta escapar 9. El edificio está rodeado de
varias alambradas y miradores y tiene la apariencia de un campo de
trabajo correccional soviético. Algunas granjas podían alojar de
cinco a siete presos. Las condiciones de detención son espantosas:
de doce a quince horas de trabajo al día sometidos a la prepotencia
de los guardianes, que no vacilan en golpear con la bayoneta a los
detenidos para acelerar el ritmo de trabajo.
En cuanto al «frente
abierto», se trata de una obra donde el preso debe residir,
generalmente bajo mando militar. Se trata siempre de obras de
construcción con un número de detenidos que va de cincuenta al
centenar, a veces 200 si la obra es importante. Los detenidos de las
granjas, ya sean políticos o comunes, producen elementos
prefabricados que ensamblan después los de los
frentes abiertos. El
detenido de un frente abierto dispone de tres días de permiso a
finales de cada mes. Según varios testimonios, la alimentación no
es tan mala como en los campos. Cada frente es independiente, lo cual
permite una gestión más fácil de los detenidos al evitar una
concentración excesiva de presos políticos, que podrían crear
focos de disidencia. Este tipo de sistema presenta un interés
económico incontestable 10 de lo que es buena prueba la movilización
de todos los presos para cortar la caña de azúcar, la zafra. El
responsable de las cárceles en Oriente, al sur de la isla,
Papito Struch, declaraba
en 1974: «Los presos constituyen la principal fuerza de trabajo de
la isla». En 1974, el valor del trabajo realizado representaba más
de trescientos ochenta y cuatro millones de dólares. Los organismos
del Estado pueden recurrir a los prisioneros. Así, el 60 por 100 de
los empleados en las obras del Desarrollo de Obras Sociales y
Agrícolas (DESA) son detenidos. Los presos trabajan en decenas de
granjas en Los Valles de Picadura, que conforman el escaparate de los
logros de la reeducación a través del trabajo.
Decenas de huéspedes
del Gobierno han visitado estas instalaciones, entre ellos algunos
jefes de Estadocomo Leónidas Brezhnev, Huari Bumedian y Francoise
Mitterrand en 1974.
Todas las escuelas
secundarias de provincia fueron construidas por presos políticos con
un mando civil reducido al mínimo, compuesto por algunos técnicos.
En Oriente, en Camagüey, los detenidos construyeron más de veinte
escuelas politécnicas. En toda la isla existen numerosas centrales
azucareras gracias a su trabajo. El semanario Bohemia enumeraba de
manera detallada
otros trabajos realizados
por la mano de obra penitenciaria: lecherías, centrales de crianza
de ganado en la provincia de La Habana; talleres de carpintería y
escuelas secundarias en Pinar del Río; una porqueriza, una lechería,
un taller de carpintería en Matanzas; dos escuelas secundarias y
diez lecherías en Las Villas ... Los planes de trabajo, cada año
más exigentes, requieren una cantidad cada vez más importante de
prisioneros.
En septiembre de
1960, Castro creó los comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Estos comités de barrio tiene como base la cuadra o manzana de calle
a la cabeza de la cual se encuentra el responsable de vigilar las
actividades «contrarrevolucionarias» del conjunto de los
habitantes. Es una vigilancia social muy estrecha. Los miembros del
comité están obligados a asistir a las reuniones del CDR y se les
moviliza para realizar rondas con objeto de hacer fracasar la
«infiltración enemiga». Este sistema de vigilancia y delación ha
acabado con la intimidad de las familias. La finalidad de los CDR se
puso de manifiesto cuando en marzo de 1961, a instancias de R.
Valdés, el jefe de Seguridad, se organizó y practicó en un fin de
semana una gigantesca redada. Partiendo de las listas que había
elaborado el CDR, más de 100.000 personas fueron convocadas y varios
miles de ellas conducidas a centros de detención: estadios,
edificios o gimnasios.
Los cubanos sintieron
una profunda conmoción ante el éxodo masivo del puerto de Mariel en
1980 y esa conmoción fue mayor porque los CDR organizaron siguiendo
consignas actos de repudio destinados a marginar socialmente y a
destrozar moralmente a los opositores -a los que desde entonces se
apodó gusanos-y a sus familias. Una airada muchedumbre concentrada
delante de la casa del opositor arrojaba piedras e insultaba a sus
habitantes. En las fachadas se pintaban consignas castristas e
insultos. La policía solo intervenía cuando la «acción
revolucionaria de masa» resultaba físicamente peligrosa para la
víctima. Esta práctica de poco menos que linchamiento alimentaba en
el seno de la población sentimientos de odio recíproco en una isla
donde todo el mundo se conoce. Los actos de repudio destrozan los
lazos entre vecinos y alteran el tejido social para imponer la
omnipotencia del Estado socialista. La víctima, abucheada con gritos
de «¡Afuera gusano!», «¡Agente de la CIA!» y, por supuesto,
«¡Viva Fidel!», no tiene forma alguna de defenderse por la vía
judicial. El presidente del comité Cubano de los Derechos del
Hombre, Ricardo Bofill, fue sometido a un acto de repudio en 1988. En
1991 le llegó el turno de ser su víctima al presidente del
Movimiento Cristiano de Liberación, Oswaldo Payas Sardinas. Pero,
ante el cansancio de los cubanos frente a estos desmanes de odio
social, las autoridades recurrieron a otros agresores procedentes de
barrios distintos a los de las víctimas. Según el artículo 16 de
la Constitución, el Estado «organiza, dirige y controla la
actividad económica de acuerdo con las directivas del plan único de
desarrollo económico y social». Detrás de esta fraseología
colectivista se oculta una realidad más prosaica: los cubanos no
disponen de su fuerza de trabajo ni de su dinero en su propio país.
En 1980 la isla vivió una oleada de descontento y disturbios que se
tradujo en el incendio de algunos almacenes. El DSE actuó de
inmediato y en menos de setenta y dos horas detuvo a 500
«opositores». Después, los servicios de seguridad intervinieron
contra los mercados libres campesinos y, para terminar, se lanzó en
todo el país una campaña de amplio alcance contra los que
traficaban en el mercado negro.
En marzo de 1971 se
adoptó una ley, la número 32, que reprimía el absentismo laboral.
En 1978 se promulgó la ley de «peligrosidad predelictiva», o dicho
de otro modo, un cubano podía ser detenido bajo cualquier pretexto
si las autoridades estimaban que representaba un peligro para la
seguridad del
Estado, aun cuando no
hubiera realizado ningún acto en este sentido. De hecho, esta ley
instituye como crimen la expresión de cualquier pensamiento no
conforme con los cánones del régimen. E incluso más, ya que
cualquiera pasa a ser potencialmente sospechoso.
Después de la UMAP,
el régimen utilizó a detenidos del servicio militar obligatorio. La
Columna Juvenil del Centenario 11, creada en 1967, se convirtió en
1973 en El Ejército Juvenil del Trabajo, una organización
paramilitar. Los jóvenes trabajan en los campos y participan en
obras de construcción en condiciones a menudo espantosas, con
horarios difícilmente soportables a cambio de un salario ridículo,
de siete pesos, es decir, un tercio de dólar de 1997. La
militarización de la sociedad era ya una realidad antes de la guerra
de Angola. Todo cubano que hubiese realizado el servicio militar
debía formalizar el registro de su cartilla ante un comité militar
y presentarse cada seis meses para verificar su situación (trabajo,
dirección). Desde los años sesenta, los cubanos han «votado con
sus remos». Los
primeros en abandonar Cuba
de forma masiva, a partir de 1961, fueron los pescadores. El balsero,
equivalente cubano del boat-people del sureste asiático, forma parte
del paisaje humano de la isla de la misma manera que el cortador de
caña. El exilio ha sido sutilmente utilizado por Castro como un
medio
de regular las tensiones
internas en la isla. Este fenómeno, presente desde el inicio del
régimen, se ha producido sin interrupción hasta mediados de los
años setenta. Muchos de los que abandonaban la isla lo hacían en
dirección a Florida o a la base americana de Guantánamo.
Pero el fenómeno de
los balseros llegó a conocimiento del mundo entero con la crisis de
abril de 1980 cuando miles de cubanos ocuparon la embajada de Perú
en La Habana reclamando visados de salida para escapar de una vida
cotidiana insoportable. Al cabo de varias semanas, las autoridades
autorizaron a 125.000 de ellos -sobre una población que en la época
ascendía a 10 millones de habitantes-a abandonar el país embarcando
en el puerto de Mariel.
Castro aprovechó
para «liberar» a los enfermos mentales y a pequeños delincuentes.
Este éxodo masivo fue una manifestación de desaprobación del
régimen, ya que los marielitos, como se los llamó, procedían de
las capas más humildes de la sociedad, a las que supuestamente el
régimen dedicaba mayor atención. Blancos, mulatos y negros, con
frecuencia jóvenes, huían del socialismo cubano. Después del
episodio de Mariel, muchos cubanos se inscribieron en las listas para
obtener el derecho a abandonar su país. Diecisiete años más tarde
continúan esperando esa autorización.
Por primera vez desde
1959, en el verano de 1994 La Habana fue el escenario de violentos
tumultos cuando algunos candidatos a salir de la isla, al no poder
embarcar en las balsas, se enfrentaron a la policía. El frente de
mar -el famoso Malecón-, en las calles del barrio de Colón, fue
arrasado. El restablecimiento del orden supuso el arresto de varias
decenas de personas pero, finalmente, Castro autorizó el éxodo de
otros 25.000 cubanos. Desde entonces la huida de cubanos no ha cesado
y las bases americanas de Guantánamo y Panamá están saturadas de
exiliados voluntarios. Castro intentó frenar esta huida en balsas
mediante helicópteros que debían bombardear las frágiles
embarcaciones con sacos de arena. Cerca de 7.000 personas perdieron
la vida en el mar durante el verano de 1994 y se estima que un tercio
del total de los balseros murió en su huida. En treinta años, unos
100.000 cubanos han intentado evadirse por mar. En total, los
diversos éxodos han dado como resultado que Cuba tenga al 20 por 100
de sus ciudadanos en el exilio. Sobre una población total de 11
millones de habitantes, cerca de dos millones de cubanos viven fuera
de la isla. El exilio ha desestructurado a las familias y resulta
incontable el número de ellas repartidas por La Habana, Miami,
España o
Puerto Rico ...
Entre 1975 y 1989,
Cuba sostuvo el régimen marxista-leninista del Movimiento Popular de
Liberación de Angola, MPLA (véase la contribución de Yves
Santamaria) al que se oponía la UNITA de Jonas Savimbi. A los
innumerables «cooperantes» y a las decenas de «consejeros
técnicos», La Habana
sumó un cuerpo
expedicionario de 50.000 hombres 12. El ejército cubano actuó en
África como sobre terreno conquistado. Se traficó con toda suerte
de riquezas (plata, marfil, diamantes) y la corrupción era endémica.
Cuando en 1989 los acuerdos de N ueva York sancionaron el final del
conflicto, las tropas cubanas, formadas en su mayoría por hombres de
raza negra, fueron repatriadas. Se ha estimado el número de bajas
entre los 7.000 Y los 11.000 muertos.
Esta experiencia
alteró las convicciones de muchos oficiales. El general Arnaldo
Ochoa, jefe del cuerpo expedicionario en Angola además de miembro
del Comité central del Partido Comunista, empezó a organizar un
compló para derribar a Castro. Fue detenido y luego juzgado por un
tribunal militar en compañía de varios altos responsables de las
fuerzas armadas y de los servicios de seguridad. Entre ellos estaban
los hermanos La Guardia, implicados en el tráfico de drogas por
cuenta del servicio MC, un servicio especial al que los cubanos
bautizaron como «Marihuana y Cocaína». No era este el caso de
Ochoa, quien solo se había traído de Angola un poco de marfil y
diamantes. En realidad, Castro aprovechó la ocasión para
desembarazarse de un potencial rival que, dado su prestigio y su alto
rango político, era susceptible de canalizar el descontento. Tras la
condena y ejecución de Ochoa, el ejército sufrió una depuración
que no logró sino traumatizarlo más. Consciente del fuerte
resentimiento contra el régimen que reinaba entre los oficiales,
Castro confió la dirección del ministerio del Interior a un general
afín a Raúl Castro, pues su predecesor había sido sacrificado por
«corrupción» y «negligencia». Desde entonces, el régimen solo
ha podido contar con certeza con la devoción ciega de las Fuerzas
Especiales.
En 1978 había en
Cuba entre 15.000 y 20.000 presos por delitos de opinión. Muchos
procedían del M-26, de los movimientos estudiantiles contrarios a
Batista, de las guerrillas de Escambray o eran veteranos de bahía
Cochinos. En 1986 se cifraba entre 12.000 y 15.000 el número de
presos políticos
encarcelados en las
cincuenta prisiones «regionales» repartidas por toda la isla. A
esto hay que añadir los múltiples frentes abiertos reforzados por
brigadas de 50, 100 y hasta 200 presos. Se han organizado algunos
frentes abiertos en el medio urbano. Así, La Habana contaba con seis
de ellos a finales de los
años ochenta. Hoy, el
Gobierno reconoce la existencia de entre 400 y 500 presos políticos.
Sin embargo, en la primavera de 1997 Cuba sufrió una nueva oleada de
detenciones. Al decir de los responsables cubanos de los derechos
humanos, con frecuencia antiguos presos también, en Cuba ya no se
practica la tortura física. Según estos mismos responsables y
Amnistía Internacional,
en 1997 había en la isla
entre 980 y 2.500 presos políticos (hombres, mujeres y
adolescentes).
Desde 1959, más de
100.000 cubanos han pasado por los campos, cárceles o frentes
abiertos. De 15.000 a 17.000 personas han sido fusiladas. «No hay
pan sin libertad ni libertad sin pan», proclamaba en 1959 el joven
abogado Fidel Castro. Ahora bien, como señalaba un disidente antes
del inicio del
«régimen especial» -el
fin de la ayuda soviética-: «Por más llena de víveres que esté,
una cárcel sigue siendo una cárcel».
Castro, un tirano que
parece anacrónico, afirmaba en 1994, en referencia a los fracasos de
su régimen y a las dificultades que padecía Cuba, que «prefería
morir (antes) que renunciar a la revolución». ¿Qué precio les
queda por pagar a los cubanos para satisfacer su orgullo?
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