Los sandinistas y los indios.

En la costa atlántica de Nicaragua vivían unos 150.000 indios: misquitos, sumus o ramas, así como criollos y ladinos. Los sandinistas no tardaron en combatir a estas comunidades decididas a defender su tierra y su lengua y que disfrutaban de una ventajosa autonomía (exención de impuestos y del servicio militar) heredada de la época colonial. En octubre de 1979, el líder de Alpromisu, Lyster Athders, fue asesinado dos meses después de su arresto. A principios de 1981, los líderes nacionales de Misurasata, la organización política que agrupaba a las diferentes tribus, fueron detenidos y, el21 de febrero de 1981, las fuerzas armadas que intervenían contra los encargados de su alfabetización ma-taron a siete mis quitos e hirieron a otros 17. 

El 23 de diciembre de 1981, en Leimus, el ejército sandinista asesinaba a 75 mineros que habían reivindicado el pago de atrasos salariales. Al día siguiente otros 35 mineros sufrían la misma suerte. La otra vertiente de la política sandinista consistía en desplazar a las poblaciones so pretexto de «protegerlas de las incursiones armadas de los antiguos guardias somocistas instalados en Honduras». En el transcurso de estas operaciones, el ejército se hizo culpable de numerosos abusos. Miles de indios -de 7.000 a 15.000 según las estimaciones de la época se refugiaron en Honduras mientras que otros miles -unos 14.000-eran encarcelados en Nicaragua. Los sandinistas disparaban contra los que huían a través del río Coco. Esta situación fue triplemente inquietante: matanzas, desplazamientos de la población y exilio en el extranjero, todo lo cual autorizaba al etnólogo Gilles Bataillon a hablar de «política etnocida».

El vuelco autoritario puso en contra de la administración de Managua a las tribus indias, que se reagruparon en dos guerrillas, la Misura y la Misurata. En ellas se encuentran indios sumo, rama y misquitos, cuyo estilo de vida comunitaria era incompatible con la política integracionista de los comandantes de Managua. El propio Edén Pastora se manifestaría escandalizado en pleno Consejo de ministros: «Pero hasta el tirano Somoza los dejó tranquilos. Él los explotó, vosotros queréis proletarizarlos a la fuerza». Tomás Borge, el muy maoísta ministro del Interior, le replicó que «la Revolución no podía tolerar excepciones».

El Gobierno intervino y los sandinistas optaron por la asimilación forzosa. En marzo de 1982 se decretó el estado de sitio, que se prolongó hasta 1987. Desde 1982 el Ejército Popular Sandinista «desplazó» a cerca de 10.000 indios hacia el interior del país. El hambre se convirtió entonces en un arma temible en manos del régimen. Las comunidades indias agrupadas en el centro del país recibían una cantidad limitada de comida, que les era entregada por funcionarios del Gobierno. Los abusos de poder, las violaciones flagrantes de los derechos humanos y la sistemática destrucción de las aldeas indias caracterizaron los primeros años del poder sandinista en la costa atlántica.